• EE.UU. amplió de forma significativa las operaciones autorizadas con PDVSA mediante una nueva licencia del Tesoro.
• Empresas estadounidenses podrán comercializar crudo venezolano incluso fuera del mercado de Estados Unidos.
• Los ingresos destinados a personas o entidades sancionadas no podrán entregarse directamente y deberán quedar en cuentas bajo custodia de Washington.
• La medida no elimina las sanciones, pero sí cambia su lógica al pasar del bloqueo a un modelo de control financiero y operativo.

La nueva movida de Washington sobre Venezuela no apunta a un levantamiento clásico de sanciones ni a una normalización plena del mercado energético. Lo que está tomando forma es un esquema distinto en el que Estados Unidos abre la puerta para que compañías de su país hagan negocios con PDVSA, exporten crudo venezolano y participen en su comercialización internacional, pero bajo reglas diseñadas, vigiladas y administradas por la propia administración estadounidense.

Ese giro quedó plasmado en la licencia general 52C emitida por el Departamento del Tesoro, una decisión que amplía de forma importante las operaciones permitidas con la estatal venezolana. La lectura política y petrolera es evidente: Washington dejó de concentrarse exclusivamente en bloquear el petróleo venezolano y pasó a construir un mecanismo para administrarlo indirectamente.

La novedad más sensible es que las empresas estadounidenses autorizadas no solo podrán participar en operaciones con PDVSA dentro del circuito tradicional de refinación en Estados Unidos, sino también vender petróleo y productos petroquímicos venezolanos a terceros países. Es decir, se habilita una arquitectura comercial mucho más amplia, con alcance global, aunque sujeta a supervisión estricta.

Sin embargo, el centro de la medida no está únicamente en la apertura operativa, sino en el manejo del dinero. Allí está la verdadera palanca de poder. Los pagos que correspondan a personas o entidades sancionadas no podrán llegar directamente a sus destinatarios, sino que deberán quedar depositados en fondos o cuentas bajo custodia de Estados Unidos, en una estructura cuya ejecución sigue generando interrogantes.

Del cerco petrolero al control condicionado

Durante años, la política de sanciones contra Venezuela estuvo enfocada en cerrar mercados, dificultar exportaciones y estrangular la principal fuente de ingresos del chavismo. El nuevo modelo no desmonta por completo esa estrategia, pero sí la transforma. En lugar de impedir toda operación, permite hacer negocios con PDVSA si estos se realizan dentro de un marco regulado por Washington.

La licencia establece que las compañías constituidas en Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025 podrán realizar transacciones con PDVSA y con empresas en las que la estatal mantenga una participación de al menos 50%. También se autorizan las operaciones necesarias con el Estado venezolano para viabilizar esos negocios.

Esto revela una lógica pragmática. EE.UU. no está rehabilitando libremente a PDVSA; está creando un sistema en el que el petróleo venezolano puede volver a circular, pero sin que el flujo financiero quede fuera de su radar. En otras palabras, la Casa Blanca parece haber optado por un diseño de reapertura vigilada, con capacidad de intervención sobre el destino de los ingresos.

Además, la licencia impone obligaciones de reporte. Las compañías que vendan crudo o derivados venezolanos a terceros países deberán informar a los departamentos de Estado y de Energía detalles sobre el comprador, volumen, valor, destino final e impuestos o pagos realizados al Gobierno venezolano. El primer reporte deberá entregarse diez días después de la primera operación y luego cada 90 días. No es una liberalización; es un régimen de operación bajo trazabilidad política.

El dinero queda bajo custodia del Departamento del Tesoro

Si algo deja claro esta decisión es que Washington quiere la llave del negocio, pero sobre todo la llave de la caja. La licencia dispone que los pagos dirigidos a personas o entidades bloqueadas —con excepciones limitadas como ciertos impuestos, permisos o tasas locales— deberán ser enviados a los llamados Foreign Government Deposit Funds o a cualquier otra cuenta que determine el Departamento del Tesoro.

Desde el punto de vista jurídico, esos recursos seguirían perteneciendo a Venezuela. Pero en la práctica, quedan inmovilizados dentro de un sistema custodiado por EE.UU., y su desembolso no sería libre. La decisión sobre el uso de esos fondos pasa por el secretario de Estado, mientras el Tesoro actúa como ejecutor del mecanismo.

Aquí surge una de las mayores zonas grises. Aunque se define quién administra y bajo qué autoridad pueden autorizarse pagos, no queda del todo claro el procedimiento público para aprobar desembolsos ni el nivel de auditoría externa que garantice trazabilidad completa. Es decir, existe un marco de custodia, pero no necesariamente un sistema transparente y detallado de control independiente accesible al escrutinio público.

Para Venezuela, esto implica una realidad políticamente compleja: el petróleo puede venderse, pero una porción crítica de sus beneficios queda retenida o filtrada por un mecanismo externo. Para Washington, en cambio, representa una fórmula para influir sobre la reconstrucción del sector sin ceder control financiero a actores sancionados.

El trasfondo geopolítico es sacar a China y Rusia del tablero petrolero

La medida no puede leerse de forma aislada. Encaja con la estrategia que la administración estadounidense ha venido presentando en semanas recientes: reposicionar a empresas norteamericanas dentro del mapa energético venezolano y reducir el espacio de influencia de potencias rivales.

En ese contexto cobra relevancia el acuerdo petrolero defendido por Washington a comienzos de septiembre en torno a North American Blue Energy Partners (Nabep), vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt. Según lo expuesto por la propia administración estadounidense, esa operación abarca activos asociados a un volumen considerable de reservas probadas y forma parte de un plan más amplio para atraer capital privado y reconstruir capacidad productiva.

La nueva licencia del Tesoro parece actuar como complemento normativo de esa visión. No se trata solo de un permiso operativo; es la construcción de un ecosistema para que capital estadounidense vuelva a insertarse en el negocio petrolero venezolano con ventajas regulatorias y geopolíticas.

En esa línea, el texto establece exclusiones tajantes: no podrán beneficiarse de estas autorizaciones personas o empresas vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. También quedan fuera compañías venezolanas o estadounidenses controladas por intereses chinos o asociadas con ellos mediante empresas mixtas. La señal es inequívoca: EE.UU. quiere abrir Venezuela, pero no para todos.

Apertura parcial, límites vigentes y un nuevo mapa de poder sobre PDVSA

Pese al alcance de la licencia, el esquema mantiene límites importantes. No se habilitan sin restricciones las operaciones financieras con deuda o bonos venezolanos, no se desbloquean automáticamente activos congelados y tampoco se permite usar participaciones estatales en PDVSA como garantía. De igual forma, CITGO permanece fuera de cualquier alteración en su gobierno corporativo derivada de esta autorización.

Esto confirma que no estamos ante una normalización integral, sino frente a una reingeniería del régimen de sanciones. El petróleo venezolano vuelve a tener margen para moverse, pero lo hace en una estructura donde la supervisión estadounidense alcanza tanto la operación comercial como el destino de los fondos.

La consecuencia política es de alto voltaje. Washington pasa de intentar asfixiar completamente la renta petrolera venezolana a administrar sus condiciones de circulación y captura financiera. Y la consecuencia económica no es menor: si este modelo se consolida, PDVSA podría volver al mercado internacional con mayor movilidad comercial, pero con menos autonomía sobre sus ingresos.

En términos de poder, el mensaje es nítido. Estados Unidos no solo busca influir en el futuro del petróleo venezolano; busca definir las reglas bajo las cuales ese petróleo puede volver a ser negocio. La gran incógnita será si ese esquema servirá para reconstruir producción y atraer inversión sostenible, o si terminará creando una nueva etapa de dependencia, ahora bajo una custodia financiera de signo distinto.

Con información de ABC