• El acuerdo petrolero anunciado entre Washington y Caracas está rodeado de contradicciones sobre su duración, alcance y legalidad.

• Expertos cuestionan la viabilidad de las cifras prometidas en producción, inversión y regalías, así como la capacidad operativa de NABEP.

• Aunque Venezuela necesita capital con urgencia para reactivar su industria, las condiciones políticas, financieras y jurídicas elevan el riesgo para cualquier inversionista.

El anuncio del nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela fue presentado como un movimiento de proporciones históricas, capaz de garantizar a Washington acceso por largo plazo a una porción significativa de las reservas venezolanas y, al mismo tiempo, abrir una etapa de recuperación para una industria golpeada por años de sanciones, desinversión y deterioro operativo. Sin embargo, cuando se revisa con cuidado la letra política y económica del pacto, lo que aparece es un escenario mucho menos claro, cargado de interrogantes sobre su ejecución real.

Desde Caracas y Washington han surgido versiones distintas sobre aspectos fundamentales del convenio. Mientras desde el entorno del presidente Donald Trump se proyectó la idea de un acceso de hasta 100 años a recursos estratégicos venezolanos, voceros vinculados a PDVSA han planteado que lo firmado tendría una vigencia inicial de 25 años, prorrogable por mutuo acuerdo. Esa diferencia no es menor. En la industria petrolera, la duración contractual define la magnitud del riesgo, la estructura financiera de los proyectos y la posibilidad de recuperar inversiones de gran escala.

A ello se suma la falta de publicación oficial del documento suscrito, un elemento que alimenta la incertidumbre en un negocio donde la seguridad jurídica es decisiva. En los hechos, el llamado “acuerdo histórico” ha comenzado a conocerse más por filtraciones, interpretaciones y declaraciones parciales que por la presentación abierta de sus cláusulas. Y eso, en el sector energético, suele ser una mala señal.

Un pacto bajo sospecha con cifras espectaculares y poco sustento técnico

Parte del impacto político del anuncio se apoyó en cifras de gran tamaño sobre decenas de miles de millones de barriles, inversiones por 100.000 millones de dólares y regalías que superarían los 200.000 millones. Sobre el papel, esos montos pueden sonar atractivos para un país urgido de divisas. Pero varios especialistas advierten que, más que una proyección sustentada en planes de desarrollo concretos, se trataría de números utilizados con fuerte carga política.

El economista Francisco Monaldi ha advertido que en realidad parecen coexistir dos narrativas. Por un lado, la versión difundida desde Washington, asociada a concesiones de largo plazo, suministro a precio de costo y un esquema de participación institucional estadounidense que genera dudas de legalidad. Por otro, la versión venezolana, más cercana a contratos de participación en producción, donde el operador aporta capital y recupera inversión mediante una porción del crudo extraído, mientras el Estado retiene ingresos vía regalías.

Esa dualidad es especialmente delicada porque revela que no existe todavía una interpretación única del acuerdo. En petróleo, cuando las partes no explican lo mismo sobre un mismo contrato, el problema no es solo comunicacional sino que también puede ser financiero, operativo y legal. Un proyecto de explotación de crudo extrapesado, como buena parte del que se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, requiere claridad absoluta sobre impuestos, regalías, comercialización, arbitraje y mecanismos de resolución de disputas.

El ruido aumenta cuando entra en escena NABEP, la empresa vinculada al empresario Alejandro Betancourt. La pregunta central no es únicamente política, sino técnica. ¿Una firma de tamaño limitado como esta tiene realmente la espalda financiera, gerencial y tecnológica para desarrollar 17 yacimientos complejos en un país con infraestructura deteriorada, restricciones de mercado y necesidad de inversiones multimillonarias?

El factor legal reñido con la legalidad y con riesgo de nulidad

En Venezuela, toda discusión petrolera termina inevitablemente en el terreno jurídico. Y en este caso, las advertencias han sido severas. Voces del mundo académico y exfuncionarios del área energética sostienen que el acuerdo podría chocar con la Constitución, con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y con principios históricos de control estatal sobre los recursos naturales.

Rafael Quiróz, economista petrolero tachirense y profesor universitario, ha señalado que existen vulnerabilidades profundas en la arquitectura legal del pacto. El punto más sensible es la posibilidad de comprometer activos o producción futura en condiciones que pudieran interpretarse como una cesión contraria al marco normativo venezolano. A eso se suma la interrogante sobre cómo impactaría un arreglo de este tipo en la posición de Venezuela dentro de la OPEP, organización donde la política de producción y la defensa soberana del recurso han sido banderas históricas.

Desde el chavismo disidente también han surgido críticas de peso. Algunos sostienen que el acuerdo nació bajo presión geopolítica y que, por tanto, podría ser cuestionado incluso desde el derecho internacional. Esa lectura refuerza un riesgo que los inversionistas conocen muy bien: un contrato que hoy se firme bajo una correlación política determinada puede mañana ser impugnado, revisado o desconocido si cambia el equilibrio de poder.

Ese problema de legitimidad no es teórico. Para cualquier actor que piense invertir a 20 o 25 años en la Faja del Orinoco, la estabilidad del contrato es tan importante como la calidad del yacimiento. Sin previsibilidad institucional, el capital se retrae. Y en el caso venezolano, ese obstáculo pesa todavía más por el historial de arbitrajes, nacionalizaciones, litigios con acreedores y sanciones internacionales.

Reservas gigantes, pero con enormes obstáculos para convertirse en producción

Otro de los grandes puntos de debate tiene que ver con las reservas. Venezuela sigue siendo presentada como una potencia energética con uno de los mayores volúmenes de crudo del planeta. Pero una cosa es la existencia geológica del recurso y otra muy distinta su viabilidad económica y técnica.

Los expertos recuerdan que buena parte de las reservas venezolanas corresponde a crudo extrapesado, especialmente en áreas como el Bloque Boyacá. Ese petróleo no fluye con facilidad, requiere mejoramiento, diluyentes, infraestructura especializada y enormes desembolsos de capital sostenidos durante años. En otras palabras: no basta con afirmar que el crudo está bajo tierra; hace falta demostrar que puede extraerse con rentabilidad.

Allí radica una de las mayores debilidades del entusiasmo oficial. La historia reciente de la industria petrolera venezolana está llena de memorandos, alianzas y anuncios que nunca llegaron a convertirse en barriles reales. Durante años se firmaron entendimientos con socios internacionales para ampliar producción en la Faja, pero muchos proyectos quedaron a mitad de camino o sencillamente no despegaron.

Por eso hay escepticismo frente a las promesas de recuperación acelerada. Más aún cuando el acuerdo contempla ventas a precio de costo hacia Estados Unidos, una condición que podría restringir la rentabilidad de las inversiones. Si el operador debe asumir riesgo técnico, financiero y político, pero además comercializa parte del petróleo en términos menos favorables que los del mercado, el incentivo para invertir se reduce.

Entre la urgencia de inversión y el alto riesgo país

Aun con todas estas observaciones, hay un dato imposible de ignorar: Venezuela necesita inversión petrolera de manera desesperada. Su capacidad productiva ha caído durante años por falta de mantenimiento, fuga de talento, deterioro de instalaciones y limitaciones para acceder a financiamiento. En ese contexto, cualquier oferta de capital luce tentadora.

Ese es el matiz que introducen analistas como Luis Oliveros, quien reconoce los defectos del acuerdo, pero también subraya que el país hoy compite en clara desventaja frente a productores emergentes y consolidados de la región, como Guyana, Brasil y Argentina. Mientras esos mercados ofrecen mejores condiciones regulatorias y mayor previsibilidad, Venezuela continúa atrapada entre sanciones, impago, litigios y opacidad institucional.

La pregunta de fondo, entonces, no es solo si el acuerdo es imperfecto. La pregunta es si el país, en su situación actual, tiene margen para negociar algo significativamente mejor. Ese dilema resume buena parte de la tragedia petrolera venezolana contemporánea como lo es la posesión de recursos inmensos, pero el país carece del entorno institucional y financiero necesario para convertirlos en desarrollo sostenible.

Además, el hecho de que parte de los fondos derivados del acuerdo pase por supervisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela hasta qué punto la soberanía operativa del negocio estaría condicionada. Aunque PDVSA asegure que mantiene la administración de pagos, la sola existencia de ese esquema confirma que el pacto no responde a una relación convencional entre Estado e inversionistas, sino a una fórmula extraordinaria, nacida en medio de presiones políticas y restricciones financieras extremas.

En definitiva, el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela puede venderse como una tabla de salvación o como una cesión inaceptable, según quien lo narre. Pero visto desde la lógica del negocio petrolero, lo que domina hoy no es la certeza, sino la duda. Duda sobre las cifras, sobre la legalidad, sobre la capacidad de ejecución, sobre la estabilidad del contrato y sobre la posibilidad real de que las promesas se traduzcan en producción, caja e inversión. En la industria petrolera venezolana, donde durante décadas abundaron los anuncios grandilocuentes y escasearon los resultados sostenibles, la prudencia no solo es recomendable sino obligatoria.

Con información de El País