• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la investidura de Nicolás Maduro en enero de 2025 representó «un punto de quiebre en la historia política de Venezuela».
• El organismo documentó 28 asesinatos, 195 heridos y 2.229 detenciones —incluidos 158 adolescentes— en el contexto de la crisis postelectoral de 2024.
• La CIDH instó al Estado venezolano a adoptar «medidas institucionales urgentes» para garantizar una sucesión constitucional legítima y pacífica.
• El informe señala que la Fiscalía y el Poder Judicial no investigaron ni sancionaron las graves violaciones de derechos humanos ocurridas tras los comicios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se anduvo con rodeos. En su informe anual, publicado este jueves 23 de abril, el organismo adscrito a la OEA declaró que 2025 pasará a la historia como el año en que se consolidó un «régimen dictatorial» en Venezuela, una conclusión que pone negro sobre blanco lo que buena parte de la comunidad internacional venía denunciando desde los polémicos comicios presidenciales de 2024.

Según el documento, la permanencia de Nicolás Maduro en Miraflores se sostiene «sin legitimidad democrática», tras unas elecciones plagadas de «denuncias generalizadas de fraude» y acompañadas de «graves violaciones de derechos humanos». Para la CIDH, la juramentación de Maduro en enero de 2025 representó «un punto de quiebre en la historia política de Venezuela», un hito que cerró cualquier resquicio de institucionalidad electoral.

El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al mandatario chavista, pero nunca publicó las actas de votación —pese a que su propio cronograma así lo establecía—, un hecho que disparó las alarmas tanto dentro como fuera del país. Observadores internacionales de peso, como el Centro Carter, contradijeron los resultados oficiales, mientras que gobiernos como el de Brasil se negaron a reconocerlos y exigieron la exhibición de los registros de escrutinio.

La Comisión fue categórica al señalar que las circunstancias electorales «reflejan la utilización de un proceso electoral disimulado para proyectar una falsa apariencia de democracia, así como la inexistencia de condiciones mínimas para el ejercicio efectivo de los derechos políticos en Venezuela».

Fiscalía y tribunales dieron la espalda a las víctimas

Uno de los capítulos más graves del informe apunta directamente contra el Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano. La CIDH denunció que durante 2025 ninguna de estas instituciones investigó, juzgó ni sancionó los «asesinatos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso» que se desataron durante y después del ciclo electoral.

Las cifras que maneja el organismo interamericano son escalofriantes: 28 personas asesinadas, 195 heridas y 2.229 detenidas, entre ellas 158 adolescentes. Son números que retratan una represión a gran escala contra quienes salieron a protestar los resultados o simplemente quedaron atrapados en el fuego cruzado de la crisis política más aguda que ha vivido el país en las últimas décadas.

Pero la maquinaria represiva no se detuvo en las fronteras de la protesta interna. Según la CIDH, «las fuerzas de seguridad del Estado intensificaron la detención arbitraria de personas extranjeras, y con doble nacionalidad, con el aparente propósito de utilizarlas como objeto de canje por personas de nacionalidad venezolana privadas de libertad en el extranjero». Una práctica que el derecho internacional cataloga como toma de rehenes y que profundiza el aislamiento diplomático del gobierno de Caracas.

El Estado venezolano, por su parte, no ofreció «ninguna información sobre el avance en la investigación, juzgamiento y sanción» de estos hechos, lo que para el organismo interamericano constituye una política deliberada de impunidad.

Un muro de opacidad: sin datos confiables ni rendición de cuentas

La CIDH también puso el dedo en una llaga que periodistas, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos conocen de sobra como es la imposibilidad de acceder a información verificable sobre lo que realmente ocurre en Venezuela.

El informe reconoce abiertamente la dificultad de documentar la situación de derechos humanos debido a lo que describe como «opacidad informativa» y «falta de transparencia» institucional. En una frase que resume décadas de deterioro comunicacional, la Comisión advirtió que «la información ‘oficial’ disponible es escasa, fragmentaria y, en muchos casos, carente de credibilidad, al responder a fines de propaganda estatal más que a criterios de rendición de cuentas».

Es precisamente esa oscuridad informativa la que, según el organismo, permitió la «cooptación de los poderes públicos» y la «ruptura del orden constitucional», dos pilares sobre los que se asienta la calificación de régimen dictatorial. Para la CIDH, el colapso no fue repentino sino que es el resultado de un proceso sostenido de erosión institucional que tocó fondo en 2025.

Volver a la Constitución y respetar la voluntad popular

Ante este panorama, la Comisión Interamericana no se limitó al diagnóstico. En el tramo final del informe, instó al gobierno venezolano a adoptar «medidas institucionales urgentes» orientadas a «retornar a la democracia y al Estado de derecho», con énfasis en garantizar una «legítima y pacífica sucesión constitucional» que honre la voluntad expresada por los electores en julio de 2024.

La mayor coalición opositora ha sostenido, con actas en mano, que su candidato Edmundo González Urrutia venció a Maduro en aquella jornada electoral. Una posición que ha sido respaldada por múltiples gobiernos y organismos internacionales.

El documento fue aprobado el 17 de diciembre de 2025 y una copia fue remitida al Estado venezolano el 20 de enero de 2026. No obstante, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez —quien asumió funciones tras la captura de Maduro— no presentó observaciones al respecto, según confirmó la propia CIDH.

El silencio oficial frente a un informe de esta magnitud habla por sí solo. Venezuela enfrenta hoy el juicio más severo que un organismo hemisférico haya emitido sobre su situación política, y la pregunta que queda flotando en el aire es si la presión internacional será suficiente para abrir una grieta en el hermetismo del poder.