Sin contar con el quórum reglamentario ni cumplir con los procedimientos legales, este domingo 5 de enero la llamada “fracción Clap” se auto-juramentó como nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN). La oposiciòn de inmediato denunció que el régimen de Nicolás Maduro había dado un golpe de estado al parlamento nacional con la ayuda de ex diputados opositores.
Este grupo de diputados que habrían sido “comprados” por el régimen de Nicolás Maduro, desde hacía ya algún tiempo habían hecho tienda aparte de la oposición, después que se descubriera una trama de corrupción que los involucraba.
La llamada “fracción Clap”, hace alusión a un grupo de ex parlamentarios de los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Copei, Un Nuevo Tiempo y del partido Avanzada Progresista que pertenecían a la Comisión de Contraloría de la AN. Los diputados fueron acusados de servir a los intereses del empresario colombiano Alex Saab, quien tiene el negocio de las cajas de comida que distribuye el régimen.
La junta directiva calificada de ilegal por los diputados opositores quedó conformada así:
Presidente: Diputado Luis Parra (ex Primero Justicia)
Primer Vicepresidente: Diputado Franklin Duarte (Copei)
Segundo Vicepresidente: José Gregorio Noriega (ex Voluntad Popular)
Secretario: Negal Morales (ex Acción Democrática)
El diputado Luis Parra se auto juramentó sin haber iniciado formalmente la sesión y luego juramentó a los demás miembros de la cuestionada directiva, sin contar el número de diputados presentes y luego cerró rápidamente la sesión.
Mientras tanto, fuera del hemiciclo legislativo piquetes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional impedían el acceso a la sede del parlamento al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y a otro grupo de diputados opositores.
Los agentes policiales y militares que cercaron el parlamento solo permitieron el acceso a los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los nuevos diputados que incorporó el gobierno y a algunos diputados opositores.
La oposición desde esta madrugada denunció hace varias semanas que había en marcha una Operación Maletín Verde para comprar el voto de los diputados opositores y una agenda de persecución judicial para evitar que Guaidó obtuviera el quórum necesario para ser reelegido como presidente del parlamento.
Así mismo reveló que un grupo de «diputados traidores» había negociado con el gobierno a cambio de recibir más de un millón dólares cada uno por su voto contra Guaidó.
