• En medio de gestiones por nuevas liberaciones, la organización no gubernamental Foro Penal informó que en las cárceles venezolanas permanecen privadas de libertad todavía 321 personas por motivos políticos, de acuerdo con su más reciente balance actualizado al 9 de noviembre.
• Mientras sectores de la oposición y Estados Unidos mantienen presiones diplomáticas para acelerar las excarcelaciones, las autoridades venezolanas niegan la existencia de detenidos por razones políticas y aseguran que trabajan en la revisión judicial de casos con retardo procesal.

CARACAS.– Un total de 321 personas continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela, según denunció este miércoles 11 de noviembre la organización no gubernamental Foro Penal. En su boletín oficial, elaborado con fecha de corte hasta el pasado lunes 9 de noviembre, la institución detalló la composición de esta población penitenciaria y advirtió que sobre uno de los reclusos persiste el desconocimiento absoluto de su paradero.

De acuerdo con el desglose presentado por la ONG a través de la red social X, la totalidad de los registros corresponde a ciudadanos mayores de edad. La estadística se distribuye entre 306 hombres y 15 mujeres; asimismo, el reporte discrimina que 181 de los detenidos pertenecen al sector civil, mientras que 140 tienen filiación militar. Un dato relevante subrayado por la organización es que, del universo total contabilizado, 31 personas poseen nacionalidad extranjera o cuentan con doble ciudadanía.

En el marco de las actualizaciones recientes sobre este expediente, Foro Penal confirmó a la agencia EFE la excarcelación, bajo medidas cautelares, del empresario zuliano José Enrique Rincón, figura vinculada a la industria camaronera en el occidente del país, quien recuperó su libertad el lunes 9 de noviembre tras haber permanecido cerca de cinco meses bajo custodia.

Expectativa por negociaciones y posturas encontradas sobre las liberaciones

El reporte de la organización coincide con un escenario político marcado por gestiones internacionales y debates internos sobre el alcance de las medidas de gracia. Recientemente, Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, señaló que se espera el anuncio de un nuevo grupo de excarcelaciones en la antesala del cuarto ciclo de negociaciones impulsadas por Estados Unidos para encaminar una transición política en el país suramericano.

En la misma línea diplomática, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exhortó el pasado 2 de noviembre al canciller venezolano, Oliver Blanco, durante un encuentro sostenido en Washington, a dar continuidad al proceso de liberación de los detenidos, como parte de la agenda de reformas orientadas a la celebración de elecciones libres.

Estos movimientos ocurren en el contexto político abierto tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses en enero de este año. Desde entonces, la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puso en marcha un esquema gradual de excarcelaciones a lo largo de 2026, el cual incluyó la sanción en febrero de una ley de amnistía que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado de insuficiente y excluyente.

Por su parte, el Ejecutivo venezolano ha rechazado de manera reiterada la categoría de «presos políticos», sosteniendo que los ciudadanos procesados enfrentan causas penales por la presunta comisión de delitos tipificados en la legislación ordinaria, postura que es cuestionada por partidos opositores y activistas. Paralelamente, el Parlamento venezolano anunció este miércoles que coordina acciones con el sistema de justicia para agilizar la revisión y eventual liberación de reclusos en condición de vulnerabilidad, situación de pobreza o afectados por el retardo procesal.