Presidente de Guyana, Irfaan Ali.
- Georgetown busca medidas urgentes ante la Corte Internacional de Justicia
Guyana ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que dicte medidas cautelares con carácter de urgencia para evitar que Venezuela lleve a cabo acciones encaminadas a anexar el territorio en disputa de Esequibo. En su petición, el gobierno guyanés instó al tribunal a ordenar a Caracas la suspensión de cualquier proceso electoral en la zona, argumentando que esto violaría su soberanía e integridad territorial.
La CIJ informó este viernes que la solicitud de Guyana se basa en el anuncio del gobierno venezolano de celebrar elecciones en la región el próximo 25 de mayo. Según Georgetown, este acto contravendría la orden emitida por el tribunal en diciembre de 2023, en la que se instaba a Venezuela a abstenerse de tomar medidas unilaterales que alteraran la actual administración de la zona, bajo control guyanés.
Medidas solicitadas por Guyana
Entre las disposiciones que Guyana solicita a la CIJ se encuentra la prohibición a Venezuela de organizar elecciones en el territorio delimitado por el Laudo Arbitral de 1899. Esto incluye la extensión del derecho al voto a residentes en la región disputada, la distribución de material electoral y la presentación de candidatos venezolanos en el área.
Además, Georgetown busca impedir que Caracas instale centros de votación, nombre funcionarios locales o establezca estructuras administrativas en la zona en disputa. También exige que se prohíba cualquier comunicación entre el gobierno venezolano y los habitantes de la región con fines electorales.
En una segunda medida cautelar, Guyana solicita que Venezuela se abstenga de realizar cualquier acción que implique la anexión del territorio en disputa, ya sea de manera formal o de facto, incluida la incorporación de “Guayana Esequiba” a su territorio nacional. Asimismo, exige que Caracas no modifique el actual statu quo, que reconoce a Guyana como administradora de la zona.
Histórico conflicto territorial
Venezuela reclama la región de Esequibo, que representa aproximadamente el 70 % del territorio guyanés e incluye importantes reservas de petróleo en alta mar. Caracas argumenta que el Laudo Arbitral de 1899 es inválido, ya que, según su postura, se adjudicó fraudulentamente una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados a Guyana.
El gobierno venezolano sostiene que la única vía legal para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado con el Reino Unido antes de la independencia de Guyana, el cual establece la búsqueda de una solución negociada. Sin embargo, décadas de negociaciones no han logrado resolver el diferendo.
En 2018, Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que se reconociera la validez del laudo arbitral. En abril de 2023, el tribunal se declaró competente para abordar el caso, en un revés para Venezuela, que intentó sin éxito que la Corte desestimara la demanda argumentando su falta de jurisdicción en el asunto.
