- La nueva presidente de México, Claudia Sheinbaum, con mayoría en el Congreso, acelera el proceso para concentrar más poder en manos del gobierno y aumentar la discrecionalidad.
- Legisladores aprueban iniciativa que podría transformar el control regulatorio del país
En un movimiento que ha desatado controversia, los legisladores mexicanos dieron un primer paso significativo hacia la desaparición de varios organismos autónomos, incluyendo el regulador antimonopolio y el instituto de transparencia. Esta iniciativa forma parte de una reforma constitucional más amplia promovida por el gobierno.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente, con 347 votos a favor y 128 en contra, el dictamen general de una propuesta para desmantelar estos órganos. Sin embargo, antes de su envío al Senado, donde la coalición oficialista necesita un voto adicional para lograr la mayoría calificada, los legisladores revisarán a detalle los artículos del proyecto en las próximas sesiones.
Los organismos en la mira
La iniciativa plantea la eliminación de siete instituciones clave: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Desde el Ejecutivo, se argumenta que esta medida no solo reducirá costos para el Estado, sino que redistribuirá las funciones de estos entes a diversas secretarías, lo cual, según la presidenta Claudia Sheinbaum, no comprometerá sus tareas esenciales. Sin embargo, críticos alertan sobre el riesgo que este cambio representa para la independencia de estas instituciones, pilares de la democracia mexicana y la rendición de cuentas.
La enmienda de Monreal: ¿un intento de conciliación?
Una de las propuestas más destacadas durante el debate es la del líder morenista en la Cámara Baja, Ricardo Monreal. Su planteamiento sugiere la creación de organismos descentralizados que, aunque verían parte de sus funciones absorbidas por el gobierno, conservarían cierta independencia técnica y recursos propios.
Esta propuesta parece un intento de suavizar las críticas de los opositores, quienes advierten que esta reforma podría violar disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige la existencia de entidades autónomas para ciertos sectores. De hecho, algunos analistas señalan que las implicaciones de esta reforma podrían ser revisadas en la evaluación del tratado prevista para 2026.
¿Una cuestión de eficiencia o un golpe a la democracia?
La eliminación de los organismos autónomos no es un tema nuevo en la agenda del actual gobierno. La iniciativa fue originalmente concebida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte de un plan de reforma estructural más amplio, que incluye cambios en el sistema judicial, el sector energético y políticas salariales.
La presidenta Sheinbaum justificó el proyecto al cuestionar la eficacia de los organismos actuales, acusándolos de ineficiencia. No obstante, también reconoció que el T-MEC exige la permanencia de algunos de ellos, lo que obliga a los legisladores a evitar contradicciones con el tratado.
Por su parte, legisladores de la oposición, como Verónica Martínez García del PRI, han sido contundentes en su rechazo. Según Martínez, esta reforma elimina uno de los últimos contrapesos políticos en México, calificando el plan como «otro golpe de Morena a los derechos y a la democracia».
Un debate que trasciende fronteras
El avance de esta propuesta deja en el aire preguntas fundamentales sobre el futuro del equilibrio institucional en México. Mientras el gobierno insiste en la austeridad y la centralización como caminos hacia la eficiencia, la oposición y sectores críticos alertan sobre los riesgos de concentración de poder y debilitamiento democrático.
El desenlace de este debate será crucial no solo para la política interna, sino también para las relaciones internacionales y la credibilidad del país como socio comercial. El Senado, ahora en el centro de atención, definirá en los próximos días si este polémico plan se convierte en una realidad.
