Tres expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas —George Katrougalos (orden internacional democrático y equitativo), Ben Saul (lucha antiterrorista) y Morris Tidball-Binz (ejecuciones extrajudiciales)— condenaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el uso de fuerza letal contra embarcaciones frente a las costas venezolanas.
Los expertos estimaron que las acciones militares estadounidenses constituyen una vulneración de la soberanía de Venezuela y de los principios de la Carta de la ONU. Los especialistas alertaron que la letalidad en alta mar sin base jurídica “equivale a ejecuciones extrajudiciales” y entraña “una escalada extremadamente peligrosa” para la paz regional.
De acuerdo con reportes recientes, Washington ha ejecutado varias operaciones navales contra supuestos objetivos vinculados al narcotráfico en aguas del Caribe. La administración estadounidense sostiene que actúa para contrarrestar amenazas transnacionales; sin embargo, los expertos recalcan que la invocación genérica de seguridad no sustituye los requisitos de legalidad internacional para emplear fuerza letal más allá de la jurisdicción nacional.
Advertencia por escalada y riesgos regionales
Igualmente, los especialistas subrayaron que las acciones letales en alta mar, fuera de un marco jurídico claro, transgreden el derecho internacional del mar y erosionan las obligaciones de no intervención. También pidieron evitar preparativos para operaciones encubiertas o directas contra un Estado soberano, al considerar que ello constituiría una violación todavía más grave de la Carta.
En paralelo, la misión de Venezuela ante la ONU elevó sus quejas al Consejo de Seguridad y denunció un patrón de ataques que, a su juicio, debe investigarse. Fuentes diplomáticas consultadas en la sede de la ONU señalan que las tensiones han crecido en las últimas semanas, con repercusiones humanitarias y políticas en países vecinos del Caribe.
En Trinidad y Tobago, autoridades y comunidades costeras han expresado preocupación por víctimas y desaparecidos asociados a incidentes recientes en el mar, mientras organismos de derechos humanos exigen transparencia sobre reglas de enfrentamiento, verificación de objetivos y vías de rendición de cuentas.
Marco jurídico invocado por los relatores
Los expertos recordaron que el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Además, alertaron que intentos externos de forzar cambios de régimen chocan con el derecho de los pueblos a la libre determinación, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su valoración, la fuerza letal en alta mar sin justificación legal específica vulnera estándares de protección del derecho a la vida y puede configurar ejecuciones extrajudiciales. La administración estadounidense, por su parte, ha defendido las operaciones como parte de una respuesta de seguridad frente a redes criminales, y algunos funcionarios han alegado fundamentos de legítima defensa.
No obstante, juristas y organizaciones de derechos humanos cuestionan que esas justificaciones satisfagan los umbrales exigidos por el derecho internacional para el uso extraterritorial de la fuerza.
Llamado al multilateralismo y a la desescalada
En su pronunciamiento, los especialistas instaron a Estados Unidos a cesar ataques y amenazas contrarios al derecho internacional, y a reafirmar su compromiso con el multilateralismo y la resolución pacífica de controversias.
También propusieron que cualquier esfuerzo contra el crimen transnacional en el Caribe se encauce bajo mecanismos cooperativos, con supervisión internacional y respeto estricto a los derechos humanos. En la ONU, diversos actores han pedido contención y diálogo para evitar que la fricción marítima derive en una crisis más amplia en el hemisferio.
