El presidente colombiano Gustavo Petro recibió el lunes al encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, en un intento por contener la fricción diplomática derivada de cruces verbales con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y las señales de eventuales aranceles a productos colombianos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, McNamara precisó que la decisión de imponer nuevos gravámenes corresponde únicamente al presidente Trump. En paralelo, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, indicó que no existen planes inmediatos de elevar aranceles para Colombia, lo que rebaja—por ahora—el tono del choque comercial.

El encuentro fue descrito por la parte colombiana como “largo, franco y constructivo”. Las dos delegaciones coincidieron en mantener una agenda de contactos para encauzar el impase y buscar salidas que aminoren el costo económico y político de una escalada.

Fuentes diplomáticas señalaron que el objetivo inmediato es evitar medidas unilaterales mientras avanzan conversaciones técnicas sobre comercio y cooperación en seguridad. No hubo anuncios de plazos ni de sectores que pudieran ser afectados.

Estrategia antidrogas y cifras en disputa

El Gobierno colombiano reiteró su apuesta por ampliar la sustitución de cultivos ilícitos y pidió a Washington basar su evaluación en “cifras reales” de la lucha antidrogas. Según la Cancillería, un estudio contratado por Colombia para medir el potencial de producción por hectárea de hoja de coca presentó errores metodológicos reconocidos por Naciones Unidas.

Petro sostuvo que la medición sumó producción en distintos segmentos, lo que derivó en un aparente incremento de la oferta y, por extensión, de la cocaína. El Ejecutivo afirmó que la actual administración registra cifras récord de incautaciones, tanto en volumen como en proporción al área sembrada.

Datos oficiales de Bogotá señalan que el crecimiento de los cultivos de hoja de coca se habría moderado desde 2021: 43% en ese año; 13% en 2022; 9,8% en 2023; y 3% en 2024. En incautaciones, el Gobierno reportó un alza de 32% en 2021, una caída de 1% en 2022, y aumentos de 13% en 2023 y 19% en 2024.

Funcionarios consultados apuntan a mesas técnicas para contrastar metodologías con agencias estadounidenses y con la ONU, en un intento por alinear estadísticas antes de nuevas decisiones de política. La cooperación antidrogas sigue siendo el eje de la relación, dijeron las fuentes.

Aranceles, TLC y señales de desescalada

El componente comercial domina las preocupaciones empresariales. La Cancillería colombiana citó a McNamara diciendo que cualquier ajuste arancelario es prerrogativa presidencial en Washington, un matiz que mantiene abierta la puerta a escenarios de negociación sector por sector.

Antes de la reunión, Petro afirmó que el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012 estaría “suspendido de facto” por la guerra arancelaria global y por un gravamen de 10% aplicado por Estados Unidos en abril a varios países, entre ellos Colombia. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, replicó que el TLC “no está suspendido”.

Analistas señalan que una subida de aranceles golpearía a exportadores de agroindustria, confecciones y metalmecánica, y pondría presión sobre el tipo de cambio. Un escenario de coordinación bilateral —enfatizan— reduciría el riesgo para cadenas de suministro que operan bajo reglas del TLC.

Por ahora, las partes acordaron mantener el canal político y técnico abierto. En las próximas semanas podrían celebrarse nuevas reuniones para revisar el marco de cooperación en comercio y seguridad, según fuentes oficiales. Exportadores y mercados estarán atentos a señales desde la Casa Blanca y a la capacidad de Bogotá de sostener sus indicadores antidrogas.

Un portavoz gubernamental colombiano dijo que el país seguirá defendiendo su estrategia de sustitución, mientras busca certidumbre regulatoria para el comercio. Washington no emitió comentarios adicionales tras el encuentro.