El 13 de octubre de 1960, el gobierno revolucionario cubano emitió el decreto para la estatización de la banca privada. La medida incluyó a 44 bancos privados que funcionaban en la isla, entre éstos varios extranjeros.
El argumento utilizado por la dictadura de Fidel Castro, para intervenir la banca privada fue el siguiente: “uno de los instrumentos más eficaces de la intromisión imperialista en nuestro desarrollo histórico ha estado representado por el funcionamiento de los bancos comerciales norteamericanos, los cuales han servido de vehículo financiero para facilitar la actuación monopolista de las empresas norteamericanas en Cuba y para la invasión masiva del país por el capital imperialista, a través del crédito usurario que, lejos de facilitar nuestro crecimiento económico, propició, en épocas de crisis, innumerables procesos judiciales que culminaron en la absorción, por parte de ese capital imperialista, de las riquezas nacionales”.
La estatización de los bancos privados que operaban en Cuba, era una medida esperada desde el 26 de noviembre de 1959, cuando designaron a Ernesto Guevara de la Serna, como presidente del Banco Nacional de Cuba. “La extracción de divisas del país por parte de los adversarios del proceso revolucionario, la existencia de gran cantidad de dinero cubano en su poder dentro y fuera del país, facilita el uso de grandes capitales para sufragar los gastos de la contrarrevolución”, dijo el Che para justificar la medida.
Esta semana, 58 años después, el gobierno socialista y revolucionario de Nicolás Maduro, tutelado por la dictadura cubana, parece haber iniciado el mismo proceso para estatizar la banca privada en Venezuela. La intervención por un período de 90 días de Banesco, el primer bando privado del país, pareciera ser el primer gran paso en firme de los comunistas venezolanos para aplicar en esta nación caribeña la receta cubana que, por cierto, fracasó estruendosamente.
Pero la intervención de Banesco no sólo apunta hacia una posible estatización de la banca privada. Hay un factor que juega un papel importante en esta medida, en momentos en los cuales el gobierno de Maduro enfrenta una severa escasez de divisas: las remesas. El régimen comunista de Venezuela adelanta un plan para tratar de controlar y apoderarse de un chorro de aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales que los venezolanos que viven en el extranjero le están enviando a sus familias en el país para que puedan sobrevivir a la gran tragedia humana que afecta a esta nación.
Un informe de la firma Datos al cierre de enero de 2018, revela que el 14% de la población mayor de edad de Venezuela (aproximadamente tres millones de personas) reciben dinero, alimentos y medicinas desde del exterior. De ese 14%, un 11% recibe divisas (euros o dólares) y el otro 3% obtiene medicinas, alimentos y también divisas.
Nicolás Maduro ya puso la mirada sobre ese caudal de dinero: “Todas las personas que están enviando remesas. Hay que ir a la captura de eso, al apoyo de eso, con mucho dinamismo, para cualquier persona que viva en el exterior y quiera enviarle 300 dólares a su familia, tenga el sistema, a través de la banca, una cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria pueda funcionar de manera directa con el sistema de oferta de Dicom y apoyar a su familia, como pasa en todos los países del mundo”, dijo hace algunas semanas atrás el ex chofer del Metro de Caracas.
El economista Asdrúbal Oliveros declaró recientemente que “el gobierno está tratando de controlar eso porque ha ido creciendo, a medida que la diáspora aumenta la cantidad de remesas que llegan a Venezuela son mucho mayores. Se habla entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, cifra que es muy alta si se toma en cuenta que se trata de un gobierno sin producción petrolera y que está buscando dólares desesperadamente”, señaló.
Según informes del Banco Mundial, en 2016 ingresaron a Venezuela 279 millones de dólares por concepto de remesas. El envío de remesas comenzó a aumentar a partir de diciembre de 2012, cuando Hugo Chávez se apartó del poder como consecuencia de un cáncer.
En la medida en que aumentaba el número de venezolanos que se iban del país, también aumentaba la cantidad de remesas que empezaron a llegar a familias venezolanas desde el exterior. Pero las remesas no llegan directo a Venezuela. El control de cambios impuesto en el país desde 2003 hizo que las remesas llegarán casi siempre a través de Colombia.
La mayor cantidad de remesas llega a través del Departamento Norte de Santander, en cuya capital, Cúcuta, se reúnen todos los días miles y miles de venezolanos procedentes de todas partes del país, que llegan a esa ciudad para tramitar la recepción de remesas provenientes de España, EE.UU y algunos países latinoamericanos. Las oficinas de Western Union y Servientrega, han sido abarrotadas y colapsadas por filas kilométricas de personas que retiran pesos colombianos y que luego los convierten en bolívares que son transferidos en cuestión de minutos a sus cuentas bancarias en Venezuela.
El diario La Opinión de Cúcuta informó que el flujo de remesas en Norte de Santander se disparó en 86 % en apenas un año, al pasar de 68,7 millones de dólares en 2016 a 127,8 millones en 2017. Los dólares y euros que envían los venezolanos a sus familiares casi nunca ingresan a Venezuela en físico. El 70% de ese dinero es convertido inmediatamente en bolívares y transferido a cuentas en bancos venezolanos.
Las autoridades estiman, sin embargo, que un 30% de las remesas en dólares y en euros que son retiradas en Cúcuta entra al país en los bolsillos de los viajeros venezolanos. Esas divisas engordan el mercado paralelo y permiten que al menos 3 millones de personas dentro del país puedan adquirir alimentos, repuestos para vehículos y medicinas.
El gobierno de Maduro está decidido a ponerle la mano a esas divisas. La revolución se ha quedado sin dólares. Los ingresos por venta de petróleo se han venido al piso. Las reservas internacionales están en el subsuelo. Por si esto fuera poco, nadie quiere prestarle dinero a Maduro, y la criptomoneda Petro, el último invento de la revolución, no ha servido absolutamente para nada. El 2 de mayo próximo pasado, el vicepresidente Tareck El Aissami anunció que el gobierno autorizará la apertura de Casas de Cambio dentro del territorio nacional y dijo que los locales cambiarios serán instalados en hoteles, aeropuertos, destinos turísticos, etc. El gobierno quiere que las remesas lleguen directamente a Venezuela y no por Colombia como ha estado ocurriendo.
“Vamos a abrir casas de cambio para que las personas que tengan algún tipo de operación cambiaria, sobre todo remesas o cualquier otro tipo de operación cambiaria, tengan la vía legal para hacerlo”, dijo El Aissami.
El Fiscal General designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que habían sido desmontadas tres casas de remesas ilegales: Intercash, RapidCambio y AirTM, que funcionaban a través de páginas web registradas en el exterior, así como en cuentas de Twitter y otras redes sociales. El gobierno no quiere competencia.
El objetivo final de Maduro está muy claro: hay que poner la mano a las remesas. Se estima que más de 3 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales casi un millón reside en Colombia. El 90% de quienes viven en el exterior envía remesas a la familia. Hay quienes envían 10 dólares. Pero también hay quienes pueden enviar hasta 300 dólares mensuales. El promedio de las remesas se ubica en 100 dólares mensuales por familia.
Nadie envía las remesas por Venezuela. El cambio oficial no es atractivo. Peor que eso: es irreal. Por eso las operaciones se hacen mayoritariamente por Colombia, donde un dólar vale en promedio 2.900 pesos que, cambiados en bolívares, supera el salario mínimo actual venezolano. Un alto porcentaje de las transferencias de bolívares adquiridos con el cambio de pesos colombianos en Cúcuta utilizaba la plataforma de Banesco, pero también se hace por otros bancos.
La intervención de Banesco no detendrá ese tipo de operaciones. Lo más seguro es que a partir de este momento las transferencias se hagan a través de otras entidades financieras. La única forma que tiene Maduro de impedir este tipo de operaciones es cerrando la puerta de los bancos venezolanos a quienes viven en Colombia, pero eso no es tan sencillo, porque el 35% de los habitantes de Cúcuta tienen cédulas y pasaportes venezolanos y, por lo tanto, les asiste el derecho a tener cuentas en bancos de nuestro país.
El economista Aldo Contreras dijo que «la prohibición que existe en el país para recibir encomiendas y envíos de dinero desde el exterior, ha convertido a Cúcuta en el centro de los envíos de remesas de los venezolanos en el exterior; la mayoría de estos envíos no superan los 200 dólares y tienen una media de 100 dólares, que aunque en la mayoría de los países no representan una gran suma de dinero, para los venezolanos, al convertirlos en bolívares les representan unos 29 salarios integrales, una cifra que ninguna persona podría obtener trabajando en Venezuela».
Contreras dijo que en 2017 entraron a Norte de Santander y especialmente a Cúcuta de 1.200 a 1.500 millones de dólares, producto de las remesas que reciben los venezolanos de sus familiares en el extranjero. A principios de 2018, Maduro reactivó el Dicom y pidió a los familiares enviar sus remesas a través de este sistema. “Pero como el Dicom no reconoce el tipo de cambio real del mercado, sino que se maneja aún como una divisa controlada, no resulta atractivo, pues nadie va a enviar remesas para ser cambiadas a una tasa Dicom de 25 mil bolívares por dólar o 30 mil bolívares por euro, mientras en el mercado paralelo estas divisas se pagan por diez veces ese valor».
La intervención de Banesco y el control de las remesas son dos medidas tomadas de la receta comunista cubana. Desde hace casi 20 años la empresa Western Union opera en Cuba, donde es líder en el envío de remesas. En 2017 hubo un récord al sobrepasar los 3.000 millones de dólares anuales remitidos desde 199 países, según datos brindados por la propia Western Union, que tiene 490 oficinas distribuidas en 16 provincias y 168 municipios de la Isla.
Las remesas son la principal fuente de ingresos extranjeros de Cuba. La dictadura de los Castro permitió las remesas, a sabiendas que ese dinero provenía de los EEUU, porque era la única forma de sostener la debilitada economía comunista. Pero los Castro impusieron un control férreo sobre las remesas, creando una empresa estatal encargada del Traslado de Valores (TRASVAL), la cual garantizaba la entrega del efectivo. Para controlar las operaciones, cobrar comisiones y saber quiénes estaban recibiendo dinero y quiénes no, se fundó otra empresa del gobierno llamada Financiera CIMEX S.A. (FINCIMEX), la cual tenía un contrato de exclusividad con la empresa norteamericana Western Union.
En pocas palabras, en Cuba permiten las remesas, pero bajo el control y supervisión de la dictadura. Emilio Morales, de Havana Consulting Group, dice que solo hay dos bancos estadounidenses que tienen licencia para realizar transacciones con entidades cubanas, el Stonegate Bank y el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). Ambos bancos pueden emitir tarjetas MasterCard para ser utilizadas en terminales de punto de venta en tiendas, hoteles y restaurantes operados por empresas del estado cubano y para retirar dinero de los cajeros automáticos.
En la actualidad, en Cuba no se permiten las transferencias entre los bancos de EE. UU. y los bancos cubanos. Las remesas que envían las agencias utilizan bancos de terceros países, generalmente en Canadá, Europa o Sudamérica, para realizar las transacciones. El control de la dictadura sobre el sector bancario y financiero se mantiene vigente. Emilio Morales dice que en Cuba hay 5,7 millones de cuentas de ahorro, de las cuales el 50% está vinculado a una tarjeta magnética. Sin embargo, los cubanos tienen acceso limitado a herramientas que les permiten recibir dinero directamente en sus cuentas bancarias o realizar pagos en línea, excepto las tarjetas de débito emitidas por FINCIMEX, empresa del gobierno cubano, para recibir remesas de Canadá, México o Europa, que no están vinculadas a los ahorros mencionados.
En conclusión, la intervención de Banesco ordenada por Nicolás Maduro no es una medida aislada. Forma parte de un plan mucho más grande, copiado de la dictadura cubana, que apunta hacia dos objetivos concretos: 1) la estatización del sistema financiero y la eliminación de la banca privada y 2) el control de las remesas que, desde el exterior, están enviando millones de venezolanos para auxiliar a sus familias aquí en Venezuela. Maduro quiere seguir metiendo sus manos en los bolsillos de los venezolanos, la mayoría de los cuales hemos sido quebrados y arruinados por esta tiranía.
Por Gustavo Azócar Alcalá
