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Demandan a directivos de líneas de transporte público
Publicado el: 9 Junio, 2017 Hora:6:23 PM
Abogados y transportistas demandantes

Con ocasión de los vejámenes y atropellos  del que vienen siendo víctimas un grupo de socios y afiliados de la línea Barrio Sucre Libertador y la violación de una serie de derechos a los usuarios y usuarias del transporte público,  el comité de usuarios del transporte, abogados del sistema de justicia en San Cristóbal, demandaron ante el Ministerio Público  a miembros de algunas juntas  directivas de líneas transporte por violentar derechos constitucionales al trabajo, a la educación, al goce de un servicio eficaz,  oportuno,  jugando a un  papel de operadores políticos limitando a una población al disfrute  efectivo del servicio  público de  transporte.

Así los informó Luis Roberto Molina,  quien indicó  que esta  herramienta, tiene como finalidad establecer la responsabilidad penal de los que resulten  responsabilidades en estos hechos, pero más allá de eso, señaló,  que el  Estado revestido de la autoridad que tiene para conceder o dar la concesión de este servicio público, podrá  en su oportunidad una vez establecida la responsabilidad penal individual,  ocupar, apartar o descolgar las placas que permiten la prestación del servicio público en las unidades de aquellas personas miembros de juntas directivas, que hayan estado comprometidos en  estos actos tipificados como delitos.

-En la acción ejercida ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo  del estado Táchira con amparo cautelar, se acordó la supresión o cese a la arbitraria penalización  de la que han sido objeto algunos socios y afiliados de la línea Barrio Sucre Libertador, por parte de los directivos de esta empresa de transporte urbano, quebrantando los derechos de los usuarios a un servicio de transporte  eficiente y  otros  derechos  constitucionales que asisten al pueblo, entre ellos los derechos al trabajo, la salud y la educación por nombrar algunos de los derechos conculcados garantizados en la CRBV..

A esta solicitud se unieron,   Ranulfo Chacón, José Vicente Galviz,  Pablo Emilio Díaz,   los abogados Joel Angarita, Carlos Garay,  José  Saavedra y los comités de usuarios de Pirineos, barrio Libertador, Sucre,  Mesa de Chaucha, Acevita y todas las áreas circunvecinas, beneficiarios del servicio de transporte de la línea Libertador Barrio Sucre,  quienes demandan a  directivos de algunas líneas que han generado una persecución contra algunos socios y avances de estas líneas a quienes someten a sanciones de multas y paro obligado por prestar el servicio para sumarse a los planes de desestabilización del país.

Molina  agregó,  que las acciones de estos directivos de las líneas de transporte, han obligado a los litigantes del pueblo a defender los derechos de los usuarios y usuarias de este servicio, pues estas juntas directivas de manera arbitraria han dado directrices a socios y avances a restringir el servicio del transporte en el estado Táchira para plegarse a los planes de desestabilización del país.

Asimismo en la demanda se exhorta al cese de  los actos intimidatorios y de perturbación de parte de los directivos de estas líneas que fuera de marco legal exigen a  sus socios y afiliados restringir parcialmente y  algunas veces en su totalidad la prestación del servicio de transporte público.

-Esta acción se encuentra conformada por una serie de solicitudes y  diligencias de investigación facultadas dentro de la normativa adjetiva penal, que estudiadas minuciosamente se encaminan  a establecer la responsabilidad penal de estas personas en cuanto a la conducta desarrollada hasta la presente fecha.

Hacen un llamado a los comités de  usuarios y organizaciones sociales para que exijan a las líneas  que cubran las rutas de manera eficiente,  oportuna y en el horario legal establecido.

Como abogados y miembros del Sistema de Justicia, “exhortamos al sector transporte a la sensatez y la cordura, porque  como parte de aparato que mueve la economía del país deben cumplir con las exigencias de toda  concesión otorgada por el Estado venezolano,  como es la de permitir  a sus afiliados el cumplimiento eficaz de la prestación del servicio sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Para concluir, dijo Molina, “todo este accionar tiene como fin la total normalización de la prestación del servicio público de transporte y evitar violaciones a los derechos del pueblo de recibir el servicio  de transporte oportuno y  eficiente y evitar en  próximas oportunidades  ser víctimas de la conculcación de este derecho, que constitucionalmente nos pertenece”.

Rodrigo Hidalgo

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