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Mercosur pide a Venezuela separación de poderes, liberar a “presos políticos” y hacer elecciones
Publicado el: 1 Abril, 2017 Hora:6:23 PM

Los cancilleres de los estados miembros del Mercosur instaron hoy a Venezuela a garantizar la separación de poderes, liberar a los “presos políticos” y respetar el cronograma electoral después de la “ruptura del orden democrático” ocurrida en el país caribeño.

El hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunciara hace unas horas que se retractaba en su decisión de asumir las funciones del Parlamento no ha hecho disminuir la tensión en el país y en la comunidad internacional.

Este sábado, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina -país que ejerce la presidencia temporal del Mercosur-, Susana Malcorra, se reunió de forma urgente con sus pares de Brasil, Aloysio Nunes; de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en Buenos Aires para discutir la situación de Venezuela.

Tras el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Cancillería argentina en Buenos Aires, Malcorra realizó una rueda de prensa acompañada por los otros tres cancilleres del Mercosur donde dio a conocer una declaración conjunta en la que urgen al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar “inmediatamente” medidas concretas junto la oposición de acuerdo a su Constitución.

El objetivo es asegurar la “efectiva separación de poderes” y el respeto del Estado de derecho y de las instituciones democráticas, así como garantizar los derechos humanos, por lo que, según la canciller, también es esencial que se libere a los “presos políticos” y que se cumpla el calendario para las elecciones de gobernadores y alcaldes de este año, y las presidenciales de 2018.

“Es fundamental que los instrumentos democráticos se activen en tiempo y forma para llegar al objetivo de que el pueblo venezolano se exprese a través de las urnas”, señaló.

La canciller destacó que este exhorto se debe a que se produjo una “ruptura del orden constitucional” en Venezuela, donde, consideró, ha habido una “intromisión sistemática” por parte del TSJ en la Asamblea Nacional (el Parlamento, de mayoría opositora).

Pese a que reconoció como positivo el hecho de que el tribunal haya decidido dar marcha atrás en su decisión de asumir las competencias de la Asamblea justificándose en que esta comete “desacato”, remarcó que la separación de poderes “no se está llevando a cabo” y, por tanto, es necesario iniciar este proceso para aplicar la cláusula democrática del Mercosur.

Según aclaró la canciller en repetidas ocasiones, que esto ocurra no significa que Venezuela, que desde diciembre está suspendida del bloque por no haber cumplido los requisitos de adhesión, quede expulsada definitivamente.

“Hay un entendimiento equivocado en muchos que asumen que la aplicación de la carta democrática en el caso de la OEA (Organización de los Estados Americanos) o de la cláusula democrática en el caso del Mercosur implican inmediatamente una suspensión” pero, insistió, ambas se refieren siempre al “inicio del proceso”.

Malcorra aseguró que la presión de la comunidad internacional, de la región, y de muchos países que expresaron su opinión de forma individual o colectiva tras conocerse la medida del TSJ, “sin lugar a dudas tuvo un impacto” en el Gobierno de Maduro, quien terminó pidiendo a la alta corte que revisara la sentencia.

Pero, según destacó, el “factor fundamental” que hizo que la institución finalmente se retractara fue el hecho de que la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, se manifestara en contra de la medida.

A partir de ahora, los cancilleres del bloque buscarán promover el diálogo con el país caribeño para lograr restablecer la “plena vigencia” de las instituciones democráticas y, en concreto, Argentina, como presidente pro-témpore, se comprometió a iniciar las consultas a todas las partes venezolanas involucradas.

En la declaración, reiteraron su “solidaridad” con el pueblo venezolano y, sobre todo, con las víctimas de “persecución política” y de violaciones de derechos humanos, así como su “disposición” a colaborar “en pos de una solución pacifica y definitiva de la crisis política, institucional, social, de abastecimiento y económica” que atraviesa el país.

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